Por Sofía Villavicencio
Directora Ejecutiva de Fundación Luz

Cada 24 de enero, la UNESCO conmemora el Día Internacional de la Educación como un derecho humano, un bien público y de responsabilidad colectiva. En este contexto, la inclusión educativa se presenta como un desafío crucial en las comunidades de aprendizaje, con una tarea que recae en todos, pero con una responsabilidad normativa asignada al Estado. 

La aprobación de la Ley 20.850 de Inclusión Escolar en 2015, marcó un hito, instando a los establecimientos educativos el garantizar el derecho a la educación para todos, eliminando las barreras de discriminación y abordando la diversidad. En este contexto nos preguntamos, ¿qué debería ser primero, la educación en un contexto inclusivo regular, o exigir el 1% o 2% de los trabajadores con discapacidad en las empresas?

En Fundación Luz, trabajamos hace 100 años en relación a la rehabilitación e inserción de personas con discapacidad visual en Chile, donde efectivamente estos temas nos preocupan. Las cifras indican que actualmente existe un universo de 11.978 niños y adolescentes con ceguera; 535.057 con pérdida de visión. Más preocupante aún, conocer que al cumplir la mayoría de edad, la mayoría de estos estudiantes no completarán la enseñanza media al pertenecer al primer quintil socioeconómico del país. (Fuente: Fundación LUZ en base a análisis de ENDIDE 2022)

Por ello hoy, en el día internacional de la Educación, podemos decir que sin modelos educativos estandarizados y equitativos, difícilmente las empresas podrán superar el 1% en la oferta de empleo, promoviendo una verdadera inclusión y equidad.

Es ese el legado que Fundación Luz, al cumplir 100 años, quiere entregar: apoyo a cada establecimiento educativo para que los y las estudiantes con discapacidad visual tengan las herramientas necesarias para completar sus estudios, acceder a la educación superior y así, optar por más y mejores oportunidades. Esto no sólo por su individualidad, sino como aporte al desarrollo inclusivo de nuestro país.